El subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua es socio de Grupo Especial Mamba Negra, el cual fue sancionado por EU por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Nora Gaspar Reséndiz | Ciudad de México, 31 de mayo 2026 – 4:02 am (SinEmbargo).-El caso de Grupo Especial Mamba Negra quedó sepultado entre el ruido mediático y político, pese a que involucra directamente a un alto funcionario del Gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos. Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario estatal, aparece como socio y presidente del Consejo de Gerentes de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente operar para “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Aunque el funcionario asegura que fue “estafado” y que desconocía los vínculos criminales de la compañía, documentos mercantiles muestran que tuvo facultades para administrar la empresa y participación accionaria dentro de ella.
El escándalo no sólo alcanza al funcionario, sino que vuelve a colocar bajo presión al Gobierno estatal de Chihuahua, que ha insistido en que no existe investigación formal contra Fernández Acosta y que la empresa jamás tuvo contratos con la administración local. Sin embargo, el hecho de que Grupo Especial Mamba Negra carezca incluso de registros oficiales y aun así esté vinculada por autoridades estadounidenses con redes de narcotráfico y lavado de dinero genera nuevas dudas sobre los filtros y controles dentro del aparato de seguridad estatal.
Fernández Acosta fue vinculado en días pasados con Grupo Especial Mamba Negra, empresa boletinada por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente operar para “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La compañía de seguridad privada también es señalada por carecer de registros oficiales tanto en el Gobierno estatal como en el federal. Fernández Acosta, por su parte, sostiene que fue engañado.
Funcionario y socio
Luego de que las autoridades estadounidenses anunciaran sanciones contra 12 personas y dos empresas señaladas de integrar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa —encabezada, entre otros, por Armando de Jesús Ojeda Avilés, empleado del Ayuntamiento de Culiacán—, se reveló que Fernández Acosta es socio de una de las compañías sancionadas, la cual además no cuenta con registro oficial.
Fernández Acosta —General de División Diplomado de Estado Mayor en retiro— figura como socio de la empresa de seguridad privada desde febrero de 2022, después de que uno de los accionistas, identificado como Jesús Alfredo Orozco Beltrán, le cediera de manera onerosa su participación en la compañía, reportó El Universal. A partir de ese momento, el funcionario estatal también asumió el cargo de presidente del Consejo de Gerentes.
Desde esa posición, Fernández Acosta obtuvo facultades para administrar la empresa y los negocios vinculados con ésta. Sobre su participación accionaria se ha detallado que, con base en documentos del Registro Público de Comercio, el subsecretario poseía hasta agosto de 2022 el 19 por ciento del capital social de la compañía.
Fernández Acosta aseguró que Grupo Especial Mamba Negra le fue presentada como una empresa de seguridad privada, por lo que afirmó haber sido “estafado”, aunque no ofreció detalles sobre el presunto fraude. “A mí me la pasaron [al Grupo Especial Mamba Negra] como si fuera una empresa de seguridad, pero me estafaron”, declaró el subsecretario. Según explicó, cuando conoció a Alfredo Orozco únicamente le plantearon la posibilidad de colaborar en el ámbito de la seguridad privada.
“El que a mí me vendió, bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate… yo creo que salió por malas mañas de aquí de Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta. Yo me imagino que está en Estados Unidos”, añadió el Subsecretario, quien sostuvo que, aunque ha intentado desvincularse de la empresa, no ha podido concretarlo porque el notario encargado del trámite exige la presencia de todos los socios.
Además, afirmó que desconoce los vínculos que la empresa presuntamente sostiene con el Cártel de Sinaloa. El funcionario chihuahuense también ha sido socio en otras cuatro empresas, identificadas como Iksa Servicios De Seguridad Privada y Limpieza; Seguridad Privada Quac; Huevos y Aves Acosta; y , Renta De Vehiculos Fervillan Sociedad Anónima De Capital Variable, pese a lo ninguna de estas compañías fue reportada por el Subsecretario en sus declaraciones patrimoniales, hecho por el que no dio ninguna declaración al respecto.
La sanción de Estados Unidos
Entre las empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus vínculos con el narcotráfico se encuentra la empresa de seguridad privada identificada como Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, fundada en 2010 y a la que señalan de operar para el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con información difundida por la OFAC, se identificó a Alfredo Orozco Romero como el propietario y encargado de controlar a la empresa de seguridad mexicana llamada Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante de nombre Gorditas Chiwas, ambas sancionadas por las autoridades estadounidenses, con ayuda de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza.
“Alfredo Orozco Romero controla una empresa mexicana de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas”, detalló la OFAC en un comunicado.
Orozco Romero también se desempeña como asesor de seguridad de Ojeda Avilés, quien a su vez, según información difundida por la Revista Espejo, en abril de 2025, empezó a laborar en el gobierno de Culiacán con el cargo de Auxiliar Administrativo A en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable.
El pasado 22 de mayo, El Diario consignó que el Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. no tiene ningún registro oficial ni en el Gobierno estatal ni en el Gobierno federal. Asimismo, indicó que pese a los señalamientos no hay carpetas de investigación por delitos graves contra esta empresa y su propietario, también sancionado por las autoridades de la Unión Americana, las cuales acusan al empresario mexicano de fungir como cobrador de deudas de Ojeda Avilés por el trasiego de cocaína.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) de Chihuahua manifestó su postura en este caso, del cual dijo que, por un lado, la empresa no ha colaborado de ninguna forma con el Gobierno estatal y, por otro lado, sobre la relación de Fernández Acosta con Grupo Especial Mamba Negra dijo que no hay, hasta este momento, una investigación formal, e incluso ningún señalamiento judicial, contra el funcionario penitenciario.
“La información difundida corresponde a una relación de carácter mercantil previa a su incorporación al sistema penitenciario estatal, situación que ha sido explicada públicamente por el propio funcionario, quien además ha señalado que desde tiempo atrás buscó desvincularse de dicha empresa, proceso que le generó afectaciones patrimoniales y económicas”, informó la SSPE, a través de un comunicado.
Asimismo, reiteró que el Gobierno nunca ha tenido contrato alguno con la empresa de seguridad privada, que está siendo vinculada al Cártel de Sinaloa, y que Fernández Acosta se mantiene laborando en la Secretaría de Seguridad del estado. “La empresa en mención, no ha tenido contrato o colaboración alguna con el Gobierno del Estado, ni tampoco ha tenido operaciones o vínculos bajo permiso de la autoridad estatal o de la Secretaría de Seguridad Pública”, indicó.
